La reciente aprobación en el Congreso de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales marca un momento relevante para la política hídrica en México. Si bien el debate público se ha centrado en su urgencia y alcance, lo esencial es entender cómo este cambio legislativo redefine la relación entre el Estado, los usuarios y el propio recurso.

La Ley de Aguas Nacionales —vigente desde 1992— reglamenta el artículo 27 constitucional y reconoce al agua como propiedad de la Nación. La nueva Ley General de Aguas, basada en el artículo 4 constitucional, introduce un enfoque distinto: el agua como derecho humano que debe garantizarse de manera universal, salubre y equitativa.

1. El agua como derecho humano y eje regulatorio

Uno de los pilares de la reforma es el reconocimiento expreso del acceso al agua como un derecho humano. Este cambio implica que el recurso deja de concebirse como un elemento meramente económico y se integra a un marco de protección más amplio.

2. Mayor rectoría del Estado en la gestión del recurso

La iniciativa busca fortalecer la intervención del Estado, a través de entidades nacionales competentes, para supervisar de manera centralizada el uso, distribución y asignación del agua.
Este enfoque pretende asegurar mayor equidad y control institucional, especialmente en contextos de escasez o conflicto.

3. Redefinición del régimen de concesiones

La reforma propone que las concesiones ya no puedan transferirse entre particulares. En caso de modificación o fin de uso, deberán regresar a la Comisión Nacional del Agua para su reasignación.
Este cambio apunta a evitar la especulación y mejorar la trazabilidad del recurso, pero también plantea interrogantes sobre la continuidad de proyectos productivos que dependen de concesiones a largo plazo.

4. Transparencia, trazabilidad y mecanismos de control

Se prevé fortalecer los registros y herramientas institucionales para dar seguimiento al uso del agua, las concesiones y las asignaciones. El objetivo es reducir riesgos de abuso, opacidad o usos indebidos mediante sistemas más robustos de control y supervisión.

5. Prioridad al uso doméstico en situaciones críticas

En contextos de conflicto o insuficiencia hídrica, la reforma establece que el uso doméstico y personal debe tener prioridad sobre los usos agrícola, industrial o comercial.
Este principio busca proteger directamente a la población, especialmente en zonas vulnerables.

6. Equidad y justicia hidráulica

La nueva ley incorpora medidas orientadas a mejorar el acceso al agua en comunidades rurales, zonas marginadas y poblaciones con menor infraestructura. Este enfoque de justicia hidráulica requiere políticas públicas, inversión y coordinación interinstitucional para materializarse.

Un cambio relevante con preguntas abiertas

Aunque la reforma avanza en un enfoque alineado con estándares internacionales, persisten interrogantes importantes:

• ¿Tiene el Estado la capacidad operativa para supervisar una gestión centralizada del recurso?
• ¿Cómo se equilibrará la prioridad del uso doméstico con las necesidades de sectores agrícolas e industriales?
• ¿Qué mecanismos presupuestales sostendrán las promesas de justicia hidráulica?
• ¿Qué grado de certidumbre habrá para la inversión si las concesiones no garantizan continuidad prolongada?

Conclusión

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la nueva Ley General de Aguas representan un esfuerzo por modernizar el marco jurídico y orientar la gestión hídrica hacia el derecho humano al agua. Su impacto dependerá de la claridad reglamentaria, la capacidad institucional y los recursos destinados a su implementación.

En RRQB seguiremos analizando estos cambios para ofrecer a nuestros clientes una visión jurídica clara, actualizada y estratégica.